Esta semana hace diez años que el Parlamento indio aprobó por unanimidad la Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi (MGNREGA). Se trataba de una legislación histórica basada en dos objetivos interrelacionados: garantizar la subsistencia de los habitantes de las zonas rurales proporcionando al menos 100 días de empleo asalariado garantizado en un ejercicio económico a cada hogar cuyos miembros adultos se ofrecieran voluntarios para realizar trabajos manuales no cualificados; y utilizar el programa para movilizar el excedente de mano de obra existente en el campo, con el fin de liberar las fuerzas productivas y generar un mayor crecimiento económico en las zonas rurales.

El tratamiento del empleo como un derecho de los ciudadanos que debe ser proporcionado por el Estado supuso una inversión crucial de la base subyacente de la prestación pública en la India, que en su mayor parte ha estado impulsada por una visión paternalista del Estado como proveedor de "regalos" a la gente.

Obviamente, una transformación de tal envergadura nunca iba a ser fácil, y ha habido preocupación por la corrupción y la irregularidad de la aplicación en los distintos estados. Aun así, el programa ha tenido varios efectos positivos tangibles (pdf): ha aumentado los salarios rurales y reducido las diferencias salariales entre hombres y mujeres; ha suavizado y estabilizado el consumo de los pobres; ha permitido un mejor acceso a la nutrición, la sanidad y la educación; ha aumentado la inclusión financiera gracias a los pagos a través de cuentas bancarias; y ha reducido la migración de emergencia. En algunos lugares ha ayudado a mejorar la conectividad rural y la productividad agrícola creando formas más sostenibles de irrigación y producción. También ha servido como estabilizador incorporado de la economía durante las recesiones.

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Por: Jayati Ghosh
Crédito de la foto: Krishnendu Halder/Reuters