Artículo escrito por Clare Gibson Nangle , miembro de EDGE, publicado anteriormente en el sitio web del Fondo Global para los Derechos Humanos.
América Latina es una de las regiones más mortíferas del mundo para los activistas de base. Cientos de defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2020, a menudo con impunidad. En países como El Salvador, Guatemala y Honduras -dondelíderes antidemocráticos e intereses corruptos atacanespecialmente a los defensores del medio ambiente-, los activistas de base se enfrentan a retos sin precedentes y a grandes riesgos personales.
Los financiadores pueden ayudar. Los activistas que trabajan en condiciones de presión son incapaces de avanzar cuando su bienestar físico y mental está en peligro. Cuando trazamos el mapa de las redes y mecanismos de protección en Centroamérica, quedó claro que existe una necesidad urgente de que los donantes aumenten su apoyo a los servicios de protección y psicosociales.
Por este motivo, un grupo de importantes donantes, entre los que se encuentra el Fondo, propone una nueva cláusula de solidaridad para la financiación de los derechos humanos en Centroamérica. Hacemos un llamamiento a otros donantes para que incluyan ayudas económicas que aborden las necesidades urgentes de seguridad de activistas y organizaciones. Ante el declive democrático, es hora de que los financiadores y los donantes den un paso adelante, no un paso atrás.
Aunque cada país de América Central ofrece un conjunto único de desafíos para los financiadores, existe un patrón claro en toda la región. Los gobiernos están debilitando los procesos electorales, socavando sus propios sistemas de justicia y silenciando a la oposición y la disidencia.
Estas condiciones permiten que prosperen la corrupción y la delincuencia, dos de las mayores amenazas para el trabajo de los defensores de los derechos humanos. Con unos mecanismos estatales de protección insuficientes y unos sistemas judiciales paralizados o directamente hostiles, los activistas disponen de pocas vías de recurso.
> En primer lugar, la protección es primordial. Los donantes deberían tener en cuenta la seguridad en todas las subvenciones que conceden. Nuestra cláusula de solidaridad pide a todos los donantes que incluyan un colchón de financiación para las necesidades de seguridad de emergencia. Esto garantizará que los activistas tengan acceso a una ayuda vital en tiempos de crisis.
Para comprender mejor la constelación de amenazas a las que se enfrentan los activistas de primera línea, los donantes también deberían realizar -y compartir- mapeos, investigaciones y análisis de riesgos. Documentar la naturaleza y el alcance de estos problemas de seguridad es un paso esencial para mitigarlos.
> En segundo lugar, los modelos de financiación deben reflejar las difíciles realidades sobre el terreno. Esto significa adaptar tanto el tipo de financiación como el método de entrega para garantizar que los beneficiarios reciban el apoyo que necesitan.
En este difícil entorno, los activistas tienen que mantenerse ágiles y receptivos. Las subvenciones restrictivas y la financiación a corto plazo suelen tener el efecto contrario. La financiación a largo plazo, flexible y participativa es la mejor manera de demostrar solidaridad y compromiso con las soluciones impulsadas por la comunidad.
> En tercer lugar, la solidaridad va más allá de la seguridad. Los gobiernos de la región están tomando medidas legales y extrajudiciales extraordinarias para presionar a los defensores de los derechos, obligando a los activistas a buscar seguridad en otras ciudades, estados o incluso países. Pero garantizar su supervivencia es sólo el principio. Las redes transfronterizas de protección ofrecen a los activistas desplazados una vía para reintegrarse en la sociedad y, si así lo desean, continuar con sus vitales esfuerzos.
> Por último, la solidaridad entre financiadores es igual de importante. Cuando perdimos a dos queridas compañeras en un accidente de automóvil en Guatemala, creamos un fondo conmemorativo en su nombre. Hoy, su legado perdura a través del Fondo Conmemorativo Ana Paula Hernández y Sally O'Neill, que presta apoyo urgente a defensores de los derechos humanos latinoamericanos en situación de riesgo. Si los donantes no pueden incluir una cláusula de solidaridad en sus donaciones, les invitamos a apoyar la seguridad de sus beneficiarios contribuyendo al Fondo Conmemorativo Hernández O'Neill.
Este es un momento difícil para los derechos humanos en Centroamérica. Pero la reacción también refleja los increíbles avances que ya ha logrado la sociedad civil local. Es imperativo que no perdamos de vista la esperanza. Como financiadores, debemos utilizar nuestro capital financiero y nuestro lugar de privilegio para apoyar a nuestros aliados de primera línea asediados. Empecemos por proporcionarles los recursos y el apoyo que necesitan para mantenerse a salvo.
Publicado originalmente en The Fund for Global Human Rights.
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